TIERRA, TERRITORIO, SALUD, DIGNIDAD, EDUCACIÓN, AUTONOMÍA, LIBERTAD.

miércoles, 28 de abril de 2010

I Encuentro

Instituto Superior del Profesorado “Dr. Joaquín V. González”
CÁTEDRA LIBRE “PUEBLOS ORIGINARIOS”

I Encuentro:

Foro bicentenarios. La reparación histórica a los pueblos originarios.

Inst. Sup. del Prof. “J. V. González”
Ayacucho 632. (C.A.B.A)

Auditorio 4º piso

4 de mayo de 2010
Organizan:

Cátedra Prehistoria y Arqueología
Asoc. Indígena de arte,cultura y educación
Inadi. Área de pueblos originarios

Reivindicar a las naciones preexistentes y proteger los humedales

Por Indymedia Pueblos Originarios - Comunicado del Movimiento en Defensa de la Pacha
El patrimonio cultural y natural del Delta de Tigre está siendo arrasado desde fines de los 90’, más de 15 mil hectáreas de humedales han sido urbanizadas (rellenadas) para construir megaemprendimientos de barrios privados como la ciudad pueblo “Nordelta” y el complejo “Villa Nueva”, entre muchas otras. Estas construcciones destruyen decenas de sitios sagrados de los pueblos originarios, son yacimientos con restos arqueológicos de las culturas prehispánicas que habitaron durante milenios este territorio y que en el siglo XVI lucharon contra los invasores europeos. Las obras de Nordelta, por ejemplo, destruyeron el sitio arqueológico llamado “Arroyo Sarandí”, en tanto la desarrolladora inmobiliaria EIDICO construyó arriba del yacimiento “Garín”, ambos contenían enterratorios humanos. En verdad, según explican los arqueólogos del Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano (INAPL), todos los sitios arqueológicos de la zona tienen un área de enterratorios. “Los depósitos contienen enterratorios humanos, instrumentos realizados en diferentes tipos de rocas, alfarería, instrumentos de hueso y restos de la fauna que habitaba en el Partido (de Tigre) con anterioridad a la llegada del colonizador europeo”, explicaba en el 2001 la directora del INAPL, Diana Rolandi, en un documento oficial. En el mismo también destacaba que los sitios contienen pruebas de las “poblaciones aborígenes que habitaron la provincia de Buenos Aires, siendo la única evidencia física de la presencia del hombre prehispánico en el área”. El sitio arqueológico Punta Canal (Punta Querandíes), ubicado a 50 metros de donde se encontraba el sitio “Garín” -de similares características-, fue excavado en diciembre de 2008 en una campaña de rescate que recogió alrededor de 10.000 piezas. Esta campaña fue financiada por EIDICO para “limpiar” el predio y poder construir en la zona. Los arqueólogos a cargo de la excavación, Daniel Loponte y Alejandro Acosta, estimaron que el sitio ya se encontraba destruido en un 70 o 80 por ciento, incluyendo posiblemente el área de enterratorios, ya que en dicha excavación no se encontraron restos humanos. La destrucción parcial del sitio habría sido durante obras previas de la misma empresa, más concretamente al ampliar el Canal Villanueva a fines de los 90’ para hacer el acceso al barrio privado Santa Catalina, donde pereció asimismo el sitio Garín. Pero los arqueólogos dejaron un remanente sin excavar, ya que hicieron un rescate “relámpago” apurados por la empresa, y lo cierto es que en lugar continúan apareciendo restos. La antigüedad de estos sitios arqueológicos son de mil años, es decir 500 años antes de la llegada de los conquistadores europeos. Su protección y promoción de su patrimonio son una obligación del Estado argentino en este “Bicentenario”. Desde el siglo XVI que los sucesivos poderes del Río de la Plata ejercieron una política de exterminio hacia las naciones indígenas que habitaban en la actual provincia de Buenos Aires. “La guerra al indio” fue una continuidad casi sin interrupciones, que tuvo su pico en 1879 con la Campaña al Desierto del General Roca –todavía hoy, héroe oficial de la “Argentina”, con su rostro en el billete de 100 pesos y hasta un museo que lo homenajea en Recoleta, el “Museo Roca”-. Hoy el país tiene otro marco jurídico y otra Constitución política, en la cual se reconoce la preexistencia indígena. Por eso la continuidad de la destrucción del patrimonio cultural prehispánico -que pertenece a todos los ciudadanos porque es parte intrínseca de nuestra identidad- es una violación del propio marco legal del Estado argentino. Punta Querandíes está ubicado sobre un terraplén ferroviario perteneciente a ADIF (ex ONABE), aledaño al Canal Villanueva, en la localidad de Dique Luján. A pesar de ser tierras y costas públicas, la empresa EIDICO se adueñó del territorio. Según la empresa, el lugar es de su principal directivo, Jorge O’Reilly, con fuertes lazos con el oficialismo municipal, tan es así que fue asesor de la Jefatura de Gabinete de la Nación cuando ésta estuvo a cargo del actual intendente de Tigre, Sergio Massa. Además, varios ex funcionarios de EIDICO hoy ocupan importantes cargos en el ejecutivo local, como el ingeniero Pablo Dameno -accionista de emprendimientos de barrios privados- que se desempeña como titular de la Subsecretaría de Planeamiento Urbano. Alrededor de “Punta Querandíes” se conformó un movimiento en defensa del patrimonio público, cultural y natural del Delta, allí se reúnen semana a semana integrantes de comunidades indígenas, ambientalistas y personas preocupadas por defender lo que es de todos. Se convocan en este predio para homenajear a los antiguos, proteger los humedales y proyectar actividades que revaloricen la historia originaria de la región. Con empeño, y en alianza con vecinos afectados por las obras, lograron la atención de legisladores municipales, provinciales y nacionales. Además recibieron el apoyo y asesoramiento de reservas naturales de la zona norte, como la Reserva Natural de Otamendi y la Reserva Natural de Pilar. El Movimiento en Defensa de la Pacha exige que este predio tenga un uso social y no se entregue a la empresa EIDICO o a su directivo Jorge O’Reilly. Según las primeras informaciones allí quería construir su casa O’Reilly, debido a la ubicación privilegiada del mismo: su acceso directo al Canal Villanueva y desde allí al río Luján. Sin embargo, el fin de semana apareció en el lugar una persona que se identificó como “profesor de equitación” de un colegio que funciona dentro del Complejo Villa Nueva, se acercó mientras más de 40 personas realizaban una ceremonia indígena. Esta persona dijo que era el encargado del predio y que allí pretende dictar las clases de equitación a los niños de los barrios privados. EIDICO ya tiene miles de hectáreas y va por mucho más. Punta Querandíes, ¿debe servir para que los niños de clases acomodadas aprendan equitación? ¿o el Estado debe garantizar que las tierras sean coherentes con su propia historia y sirvan para la reparación de las culturas originarias bonaerenses que han sido arrasadas en los siglos anteriores? ¿La tierra pública del Estado argentino a qué intereses debe servir? ¿Cuántos sitios sagrados han sido destruidos desde fines de los 90’? Difícil saberlo, pero las propias autoridades del Estado advierten que existen muchísimos sitios no identificados, es decir que su destrucción pasa desapercibida. No se trata de 3 o 4 yacimientos dispersos, sino de un patrimonio en su conjunto que hay que proteger y revalorizar para afianzar una identidad más profunda. MOVIMIENTO EN DEFENSA DE LA PACHA Graciela Satalic: 011-(15) 6473-8588, Julio Maiz: 011-15-59802382 Carlos Arrambide: 011-(15) 4024-2638 Liliana Leiva: 011-(15) 5369-5388 E-mail: movimientoendefensadelapacha@yahoo.com

CONFLICTO EN PUNTA QUERANDÍ

La destrucción del patrimonio cultural por los megaemprendimientos de barrios privados sucede desde hace dos décadas, pero comenzó a cobrar mayor notoriedad pública a partir de un conflicto en la localidad tigrense de Dique Luján con un sitio arqueológico llamado Punta Querandí. Allí acampan desde el 19 de febrero vecinos e integrantes de pueblos originarios para defender 2 hectáreas con restos arqueológicos que quieren ser adueñadas por el poderoso empresario inmobiliario Jorge O'Reilly, directivo de la desarrolladora EIDICO, ex asesor del Gobierno Nacional y aliado del municipio de Tigre. Esta protesta ganó la atención de la prensa, de legisladores nacionales, de organismos oficiales como el Instituto Nacional contra la Discriminación (INADI) y ahora también de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Los countries arrebatan a los vecinos espacios públicos de uso tradicional y los perjudican con mayores inundaciones. Además del impacto ambiental generado por el relleno de miles de hectáreas de humedales, estos megaemprendimientos arrasan con un patrimonio cultural milenario. Debajo de las viviendas de los nuevos vecinos yacen destruídos sitios arqueológicos que contienen cementerios indígenas de las culturas preexistentes, como los denominados Garín y Sarandí. ¿Cuántos más corrieron esa suerte? Es difícil de precisar porque no estaban debidamente identificados, pero según los especialistas toda la zona está plagada de sitios. El 29 de marzo, integrantes del Movimiento en Defensa de la Pacha que protesta en Punta Querandí se reunieron con funcionarios de primera línea de la Defensoría del Pueblo de la Nación. El encuentro fue propiciado por la diputada nacional Elsa Quiroz (CC-ARI), quien participó de la audiencia con todo su equipo de asesores y con Enrique Viale de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas. Por parte del organismo estuvieron el segundo defensor adjunto Juan Jesús Mínguez, el director de derechos sociales Horacio Esber y la directora de medioambiente Cristina Maiztegui. Del acampe fueron parte Graciela Satalic, Alberto Aguirre y Liliana Leiva. "Vieron elementos suficientes para iniciar una investigación exhuastiva", explicaron desde el despacho de Elsa Quiroz. La institución encargada de velar por los derechos tutelados en la Constitución y en las leyes abrió un expediente y, según informaron, en esta semana ya enviaban los pedidos de informes a los distintos organismos estatales. Con toda la información recogida, la Defensoría elaborará un dictamen y puede llegar a presentarse en sede judicial. La Defensoría del Pueblo de la Nación realiza investigaciones conducentes al esclarecimiento del accionar de la Administración Pública que sea "ilegítimo, defectuoso, irregular, abusivo, arbitrario, discriminatorio, negligente, gravemente inconveniente o inoportuno en sus funciones, incluyendo aquellos capaces de afectar los intereses difusos o colectivos". Esta parece ser la situación de la construcción de los barrios privados en Tigre y Escobar. Las oficinas gubernamentales involucradas son muchas, entre otras el Organismo para el Desarrollo Sostenible de la Provincia de Buenos Aires (OPDS), encargada de aprobar los estudios de impacto ambiental; la Dirección Provincial de Saneamiento y Obras Hidráulicas; y la Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF - ex ONABE). También los encargados de velar por el patrimonio arqueológico, como el Instituto Cultural Bonaerense y Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano.Los vecinos que acampan en Punta Querandí denuncian la irregularidad de una transferencia de 3 kilómetros de tierras ferroviarias -20 hectáreas- del ex ramal que unía Ingeniero Maschwitz (Escobar) con Dique Luján (Tigre). Dos sociedades anónimas relacionadas a EIDICO gestionaron la compra de los terrenos y luego los cedieron a la firma de O'Reilly. La mitad de estas tierras fueron demolidas para ampliar el Canal Villanueva, la otra mitad son lotes del country San Marco. De esta manera se les arrebató a los vecinos un camino de uso tradicional. Ya en el 2000 la extensión del Canal Villanueva efectuada por la empresa cortó la calle Brasil, y destruyó el yacimiento arqueológico Garín y parte del sitio Punta Canal. Quedan 2 hectáreas que aún no han podido ser apropiados por Jorge O'Reilly, quien primero quería construir allí su casa y luego intentó ceder el lote como pista de equitación para la escuela religiosa que funciona en el futuro barrio privado San Benito. Conocido desde hace décadas como Punta Canal y rebautizado como Punta Querandí, el predio es un espacio público tradicional de esparcimiento para los vecinos de la zona, y para las comunidades es sagrado porque allí se encuentran restos de hace mil años de las culturas preexistentes a Buenos Aires. Este lugar fue anteriormente una parada intermedia del ferrocarril conocida como KM4, en donde se filmaron las escenas iniciales de la película Almafuerte (1949), uno de los hitos del cine argentino. Además es foco de historias de extrañas apariciones y otras historias de foklore local. Es decir, es un espacio arraigado en la sociedad regional, no eran tierras "abandonadas".TERRITORIO PUBLICO MILENARIOLa empresa no cuenta con la escritura de los lotes sino sólo con un boleto de compra venta que tiene una serie de cláusuras que posibilitan volver atrás con la operación. Los miembros del Movimiento en Defensa de la Pacha no piden la expropiación de una propiedad privada sino que los terrenos sigan siendo públicos para el beneficio de toda la sociedad. Quieren recuperar el predio, reforestarlo y construir en el lugar un museo donde estén las 120.000 piezas que excavaron los arqueológos en diciembre de 2008 -en una cuestionada campaña de rescate que fue financiada por EIDICO- y los miles de fragmentos que continúan apareciendo. La protesta tiene una trascendencia mayor a las 2 hectáreas que se reclaman. Los vecinos afectados, con el apoyo de organizaciones no gubernamentales como la Asamblea de Delta y Río de la Plata, están logrando visibilizar los atropellos cometidos por las desarrolladoras de countries en la zona norte bonaerense. Y lo obtenido hasta ahora promete ser sólo el comienzo.
Fuente: http://argentina.indymedia.org/news/2010/04/728481.php